Para los que se interesan en el deporte, tambien es un nido de corrupcion e intereses creados para los grandes capitalistas

Triquiñuelas de la Conade

Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra
6 de noviembre de 2012

Bernardo de la Garza. Mediocridad.
Foto: Eduardo Miranda

El titular de la Conade, Bernardo de la Garza, y un grupo de amigos y colaboradores se valen de ardides para burlar las leyes y obtener beneficios personales. Una de estas tretas consiste en crear fideicomisos con estados de la República urgidos de recursos para infraestructura deportiva a los que se les canalizan sumas millonarias, con lo cual se evita el subejercicio presupuestal y el retorno de estos recursos al erario. También es frecuente que el máximo órgano deportivo asigne jugosos contratos sin las licitaciones de rigor.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde que Bernardo de la Garza se encuentra al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), esta dependencia ha operado con graves irregularidades en materia de infraestructura deportiva que violan diversas leyes y reglamentos.

Entre los ordenamientos que no se respetan están la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el Presupuesto de Egresos de la Federación y las Reglas de Operación del Programa Deporte.

En 2009 la Conade transfirió 446.8 millones de pesos a diversos fideicomisos públicos estatales que se crearon por iniciativa de De la Garza, con el fin de utilizar recursos subejercidos.

Los montos, en millones de pesos, se distribuyeron de la siguiente manera: Jalisco 161.8, Veracruz 100, Tamaulipas 76.5, Puebla 37, Hidalgo 25, Baja California 10, Sinaloa 10, el Estado de México 10, Durango 10, Guanajuato 5 y Guerrero 1.5.

Lo anterior representa una violación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento así como al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, que claramente indica que las dependencias y entidades del sector público no pueden constituir fideicomisos públicos para evitar el subejercicio de recursos.