Urge ONG a reducir “vergonzosa” brecha de desigualdad
Pobreza en la montaña de Guerrero.
Foto: Prometeo Lucero
Foto: Prometeo Lucero
MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto debe revisar las políticas públicas y programas sociales con escasos resultados, a fin de alcanzar la meta de reducir la “vergonzosa” brecha de desigualdad plasmada en el Pacto por México, señaló el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos (OPSDH).
En un comunicado, el organismo indicó que ese objetivo ha sido alcanzado en la última década en la mayoría de los países de América Latina, pero en México, pese a que el discurso oficial apunta a hacer realizables los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos, “la evidencia empírica demuestra que todos esos objetivos no serán alcanzados si, como parece indicar también el discurso, existe continuidad en la política económica actual”, señaló.
Según el OPSDH, la ausencia de un correlato en la política económica que establezca las bases para una mejor distribución de los beneficios del desarrollo “condena al fracaso las medidas paliativas que se instrumenten mediante la política social”.
Intensificar la libre competencia como medio para la creación de empleos y reducción de la pobreza, como ha sucedido en los últimos 30 años, añadió, pone en desventaja a la industria nacional y desmantela el aparato productivo.
Ejemplo de ello, refirió, es la vulnerabilidad en el acceso a una alimentación adecuada que se ha incrementado en los últimos años, debido a la inflación en el precio de los alimentos en todo el mundo.
El organismo mencionó que a pesar de contar con un “potente programa” de transferencia monetaria condicionada como Oportunidades, los recursos han resultado insuficientes para que las familias puedan realizar ese derecho fundamental.
En ese sentido, consideró positivo el compromiso de fortalecer la banca de desarrollo para ampliar el crédito con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas, así como la creación del Instituto Nacional para el Emprendedor.
No obstante, cuestionó que mientras se habla de financiamiento para áreas estratégicas como las telecomunicaciones, el transporte o la energía, se olvida mencionar al sector productivo nacional.
Además, sostuvo que los mexicanos enfrentan cada vez más dificultades para acceder a empleos dignos.
Por ejemplo, dijo, 40% de los trabajadores remunerados no tiene prestaciones laborales, en particular las relacionadas con el acceso a los servicios de salud públicos o privados –65 de cada 100 personas ocupadas se encuentran en esa condición, según el organismo–, lo que equivale a una tasa de 60.1% de personas que laboran en la informalidad.
Con esos datos, señaló el organismo, se demuestra que la inestabilidad laboral se ha incrementado a pesar de la última reforma que, “lejos de fortalecer la incapacidad institucional para hacer justiciables los derechos laborales de manera efectiva, parece contribuir aún más a ello, optándose por flexibilizar la norma en aras de la competitividad”.
El OPSDH consideró que la esperanza de tener una alternativa al modelo económico actual parece estar anclada a dos reformas fundamentales que se presentarán en el Congreso en este año: la hacendaria y la energética.
En ese sentido, el reto será tener “una mejor distribución del ingreso, invirtiendo en generar capacidades en las personas y una empresa petrolera nacional más transparente en el uso de sus recursos, con mayor autonomía y vinculada a la cadena productiva”, puntualizó.
En un comunicado, el organismo indicó que ese objetivo ha sido alcanzado en la última década en la mayoría de los países de América Latina, pero en México, pese a que el discurso oficial apunta a hacer realizables los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos, “la evidencia empírica demuestra que todos esos objetivos no serán alcanzados si, como parece indicar también el discurso, existe continuidad en la política económica actual”, señaló.
Según el OPSDH, la ausencia de un correlato en la política económica que establezca las bases para una mejor distribución de los beneficios del desarrollo “condena al fracaso las medidas paliativas que se instrumenten mediante la política social”.
Intensificar la libre competencia como medio para la creación de empleos y reducción de la pobreza, como ha sucedido en los últimos 30 años, añadió, pone en desventaja a la industria nacional y desmantela el aparato productivo.
Ejemplo de ello, refirió, es la vulnerabilidad en el acceso a una alimentación adecuada que se ha incrementado en los últimos años, debido a la inflación en el precio de los alimentos en todo el mundo.
El organismo mencionó que a pesar de contar con un “potente programa” de transferencia monetaria condicionada como Oportunidades, los recursos han resultado insuficientes para que las familias puedan realizar ese derecho fundamental.
En ese sentido, consideró positivo el compromiso de fortalecer la banca de desarrollo para ampliar el crédito con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas, así como la creación del Instituto Nacional para el Emprendedor.
No obstante, cuestionó que mientras se habla de financiamiento para áreas estratégicas como las telecomunicaciones, el transporte o la energía, se olvida mencionar al sector productivo nacional.
Además, sostuvo que los mexicanos enfrentan cada vez más dificultades para acceder a empleos dignos.
Por ejemplo, dijo, 40% de los trabajadores remunerados no tiene prestaciones laborales, en particular las relacionadas con el acceso a los servicios de salud públicos o privados –65 de cada 100 personas ocupadas se encuentran en esa condición, según el organismo–, lo que equivale a una tasa de 60.1% de personas que laboran en la informalidad.
Con esos datos, señaló el organismo, se demuestra que la inestabilidad laboral se ha incrementado a pesar de la última reforma que, “lejos de fortalecer la incapacidad institucional para hacer justiciables los derechos laborales de manera efectiva, parece contribuir aún más a ello, optándose por flexibilizar la norma en aras de la competitividad”.
El OPSDH consideró que la esperanza de tener una alternativa al modelo económico actual parece estar anclada a dos reformas fundamentales que se presentarán en el Congreso en este año: la hacendaria y la energética.
En ese sentido, el reto será tener “una mejor distribución del ingreso, invirtiendo en generar capacidades en las personas y una empresa petrolera nacional más transparente en el uso de sus recursos, con mayor autonomía y vinculada a la cadena productiva”, puntualizó.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=332254
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