Lo que le aguarda a EPN
Por: Darío Ramírez - noviembre 29 de 2012 - 0:02 LOS ESPECIALISTAS, Ramírez en Sinembargo -
Entre la felicidad de convertirse en el
próximo Presidente de México, debe de haber cierta preocupación por el estado
que guarda el país en muchos de sus ámbitos. Estoy seguro de que el próximo Presidente
a estas alturas los deberá de conocer bien, pero no es lo mismo asumir la
investidura presidencial que cualquier otro cargo público. Lo que se decantará
en los primeros meses de su gestión serán sus prioridades y formas de gobierno.
Fallan aquellos simplistas que ven en el futuro la reinstalación de un
presidencialismo de antaño. No afirmo que no haya una intención priísta por
acercarse a ese tipo de ejercicio del poder, lo podemos ver claramente en los
cacicazgos estatales (y no sólo tricolores). Pero las intenciones no bastarían
para la reinstalación de régimen presidencial. La transición democrática, a
pesar de sus serias carencias, ha dado certidumbre institucional para crear
algunos contrapesos a la voluntad del Presidente. Está la CNDH, el IFE, el IFAI
y sus réplicas en el ámbito estatal, por mencionar algunas.
Lo cierto es que
pronto se disiparán las dudas de cómo Enrique Peña Nieto concibe y ejerce el
poder. Sus antecedentes como gobernador arrojan pistas útiles (y no
alentadoras) para provocar escenarios de prospectiva política. Pero aunque el
Estado de México tiene sus problemas, sin lugar a dudas, los pendientes
nacionales se cuecen aparte.
Decenas de informes independientes de
organizaciones serias de derechos humanos dan cuenta del débil estado en el que
se encuentran los derechos humanos. También dan cuenta de los logros
principalmente del fortalecimiento del marco normativo de protección a los
derechos humanos. Logros que significan poco en un país donde la ley no se
cumple, se podrían anotar. En otras palabras, EPN recibe un país en el que la
tortura se reinstaló en las fuerzas policiacas, en el que hay más de 83 mil
personas asesinadas, 25 mil desaparecidos y la impunidad raya el 98% de los
casos, y esas sólo son algunas muestras.
Peña Nieto recibe un país con un débil
estado de derecho que facilita violaciones graves a los derechos humanos sin
ninguna consecuencia legal. La política de seguridad asumida por la
administración saliente sin duda tuvo un impacto negativo en el goce de los
derechos fundamentales. Uno de los más afectados, sin lugar a dudas, fue la
libertad de expresión. La administración priísta deberá atender una
amplia agenda en esta materia si quiere cambiar la realidad. El mantener
acotada la libertad de expresión es un relevante obstáculo para la
consolidación de la democracia.
La agenda pendiente en la materia de libertad
de expresión es la siguiente:
1. Combatir la impunidad en relación con los
casos de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos. La única
manera efectiva de hacer esto es garantizando el castigo a los perpetradores.
La mayoría de las agresiones provienen de autoridades, por lo que el castigo
deberá ser ejemplar. Lo mismo con aquellas agresiones del crimen organizado.
Enrique Peña Nieto asume la presidencia del país más peligroso para ejercer el
periodismo en las Américas, así se reconoce por las cifras de 72 periodistas
asesinados en los últimos 12 años y los 13 periodistas desaparecidos. El común
denominador es la impunidad en todos los casos.
2. Asegurar el efectivo
funcionamiento del recién creado mecanismo de protección a periodistas. El
mecanismo carece de confianza dentro del gremio periodístico. El escepticismo
hacia las autoridades es comprensible. Deberán ser éstas quienes brinden medidas
de protección efectivas en el corto plazo en aras de probarle a la comunidad
periodística su efectividad. De lo contrario, caerá en la simulación como
muchas otras autoridades.
3. Elaboración de la ley secundaria para hacer
efectiva la reforma al artículo 73 de la Constitución que le daría facultades
de investigación a la federación en caso de agresiones contra la prensa. A
pesar de ser una responsabilidad del Congreso de la Unión dichas modificaciones
legislativas, el Ejecutivo tendrá que hacer propuestas concretas para guiar el
sentido de las modificaciones a nuestro marco jurídico. Un punto fundamental es
la modificación al marco normativo de la Fiscalía Espacial de Delitos contra la
Libertad de Expresión. Seis años después de su creación, la fiscalía es el peor
fiasco institucional en materia de protección a periodistas. Su ineficacia es
prácticamente absoluta. Es preciso mostrar, por parte del ejecutivo, voluntad
política para darle las herramientas necesarias de investigación.
4.
Regular de manera efectiva y transparente el dinero público gastado en
publicidad oficial en medios de comunicación. Hasta ahora el dinero público ha
servido como herramienta para ejercer una censura sutil en los medios de
comunicación. La discrecionalidad por falta de criterios claros ha provocado
una relación perversa entre medios y autoridades por el mutuo chantaje. Es
necesario diseñar un mecanismo para asegurar que el dinero público gastado en
publicidad gubernamental sea el estrictamente necesario y con fines meramente
comunicacionales.
5. Despenalizar la difamación en 14 estados de la República.
Según los relatores internacionales de libertad de expresión de la ONU y OEA
las sanciones por difamar no deben de ser de tipo penal, toda vez que inhiben
el ejercicio periodístico. Por ello, se sugiere que sea en el ámbito civil en
donde se diriman las controversias.
6. Fortalecimiento del sistema de acceso a
la información pública. Es evidente el rápido desarrollo del marco normativo de
este derecho. Sin embargo, durante los próximos años es necesario desterrar los
regímenes de excepción, tales como sindicatos, partidos políticos,
fideicomisos, condonaciones fiscales, universidades públicas, entre otros.
Todavía hay mucho camino por recorrer para asegurar que el derecho a saber se
vuelva una herramienta que ayude a combatir la corrupción y malas prácticas
gubernamentales.
7. Modificar el régimen de duopolios y monopolios en
telecomunicaciones a favor de proveer mayor pluralidad y diversidad de
contenido resulta fundamental para el desarrollo de la sociedad nacional. La
agenda en esta materia amplia y uno de los ámbitos más disputados sobre todo
por el poder que gozan las televisoras en nuestro país.
El nuevo Presidente
recibe un país en ruinas en términos de protección efectiva de la libertad de
expresión y otros derechos humanos. El cambio de política del Ejecutivo tiene
que reflejar de manera inmediata la voluntad política para cumplir con su
responsabilidad de garantizar dichos derechos. A Enrique Peña Nieto le aguardan
miles de víctimas clamando justicia, instituciones vacías e ineficaces,
autoridades corruptas que se han convertido en perpetradores y un débil estado
de derecho como paraguas para el resto de las violaciones. El panorama que le
espera a la nueva administración no es alentador. Tendremos que seguir
vigilantes para identificar las primeras señales del nuevo gobierno. ¿Habrá
voluntad política o no?, es la pregunta básica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario